miércoles, 26 de febrero de 2014

Los ocupas resisten el desalojo judicial



Los ocupas resisten el desalojo judicial


La tensión y la incertidumbre crecen en el predio lindero a la Villa 20 de Lugano, donde más de 300 familias viven desde el lunes a la intemperie con una clara intención: construir ahí sus viviendas debido a la crisis habitacional que –según denuncian- viven desde que nacieron. Parecen refugiado modernos del siglo veintiuno. Carpas sembradas por todo el predio, niños deambulando cerca de sus padres, la tensión a cada paso y los nervios crispados. Todo puede pasar, mientras pasan las horas.


Entre colchones y carpas, sentados debajo de sombrillas y abrigados como pueden, los habitantes de este predio están esperando una solución con respecto al terreno lindero de la Villa 20, que en principio estaba cercado con alambre, y luego fue usurpado por la gente. Los actuales ocupantes rompieron la barrera e hicieron posesión del valdío, dividiendo el lugar en parcelas de unos cinco por dos metros de extensión.


Una empleada doméstica de unos 50 años que vive hace 20 en Lugano explicó desesperadamente su situación: “Acá somos todos trabajadores y gente pacífica. No queremos que nos vengan a reprimir. Acá viven muchas mujeres y muchos chicos”. Agrega que los habitantes del previo trabajan todo el día pero no llegan a pagar los alquileres, y es por eso que pide, junto a sus compañeros, que se les ceda el terreno y se les otorgue una ayuda económica para vivir dignamente: “Somos personas, no animales. Esta no es una exigencia, sino una petición”.


“La zona es altamente contaminante”, aseveró una médica voluntaria que trabaja en la clínica de la manzana 12. Aseguró que hace tiempo que está tratando de convencer a los ocupantes del peligro a mediano y largo plazo para la salud, pero que están empecinados en quedarse. Reveló además que en la Villa 20 ya hay gente con problemas resultantes de la contaminación por residuos de plomo.


Gilda, una empleada doméstica por más de 26 años tiene tres trabajos paralelos. Su hija va a la UTN y está decidida a darles a sus hijos un futuro mejor, pero no está segura de que sea posible: “Los jóvenes en este país no tienen futuro, ni pueden acceder a una casa propio”. En cuanto al inminente desalojo, y a la posible represión policial, contestó simplemente: “Tanto pasé en la vida que no me voy a preocupar por un par de policías”.


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El panorama está complicado, porque mientras los vecinos piden una parcela del terreno como solución a sus problemas, el fiscal del caso Carlos Rolero fue claro en su pedido formal al juez Gabriel Vegas: liberar la zona sea como sea, con la intervención de la fuerza pública en caso de percibir resistencia de los ocupas que descarten irse de manera pacífica.


Si bien el juez no anticipó cuál será la medida que finalmente tomará este mediodía en la audiencia, aclaró que “es inviable la construcción de viviendas en esa zona” y afirmó que, sea cuál sea el desenlace, este conflicto se debe solucionar hoy. “Resolveré lo que creo que corresponde por derecho. Sí, dispuse presencia policial en el lugar, pero aún no firmé el desalojo. Agotadas las vías del diálogo, uno tiene que obrar con la ley en la mano. Cada uno debe dar cumplimiento a la parte que le toca”, advirtió.


El magistrado contó en declaraciones televisivas que anoche recibió el pedido formal del fiscal para obrar con las autoridades policiales en caso de que los ocupas no quieran retirarse del lugar. “Desconozco cómo juzgarán las partes que estuvieron reunidas los últimos acontecimientos. Como el fiscal me pidió formalmente la restitución del inmueble, tengo dispuesta ya una audiencia para solucionar ese tema. El lugar está contaminado con plomo y no es habitable”, sostuvo. Esto último fue rotundamente negado por Manuel, un delegado de las 300 familias. “Es una excusa. Nos dicen eso para que nos vayamos”, acusó.


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“Somos gente laburadora. A nosotros nos tiene que dar una solución. No pedimos una casa, sino que nos dejen construir. Acá no hay vigilancia (gendarmes) hace rato. Este lugar lo abandonaron y nosotros que necesitamos un techo queremos urbanizarlo. Somos conscientes de que nos puede sacar la Policía, pero la necesidad nos llevó a resistir. Si vienen a sacarnos, los vamos a sacar a patadas. El Gobierno no nos da soluciones, sólo saben reprimir. Vamos a hacer una guerra pacífica. Todos alquilamos y un ambiente de seis por cuatro metros cuesta 1.500 pesos mensuales”, lamentó Manuel, quien contó que esos diminutos ambientes viven familias enteras. “El problema es que en la mayoría de los lugares que alquilan no aceptan chicos. ¿Vamos a terminar en la calle? Esta situación nos sobrepasó”, añadió.


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En la mañana de hoy, y en medio del debate legal y judicial, se coló el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta con una declaración política y contradictoria. “No le vamos a dar vivienda a cada uno que tome un predio”, disparó. “Ya hay un proyecto de vivienda en ese lugar. La plata está depositada pero hay que descontaminar la tierra”, dijo en declaraciones a Radio La Red.


Mientras tanto, las familias siguen instaladas con bolsas de residuos y carpas sobre el terreno contaminado, desanimados y aterrorizados por un posible desalojo a la fuerza. El predio está ubicado cerca del Parque Indoamericano, de Villa Lugano, donde en diciembre de 2010 fueron asesinadas dos personas tras el desalojo por parte de efectivos de las policías Federal y Metropolitana.


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El perímetro esta delimitado por cuatro palos unidos por sogas y cables viejos. Inquilinos al fin, algunos se turnan para cruzar hasta sus piezas en busca de frazadas, elementos de cocina y algunas pocas ropas, único bagaje trashumante de ciudadanos “de tercera generación que viene alquilando con mucha inestabilidad”, según confirma Manuel, el delegado. Se les suma a todos la precarización laboral a la que están sometidos por un sistema que les niega el techo porque les retacea el trabajo y viceversa. Un problema que se muerde la cola desde hace más de tres décadas. Una deuda concreta de la democracia argentina.


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